La trata de personas con fines criminales será el foco de estudio en proyecto Fondecyt de la UTA

La investigación buscará evidenciar la realidad que se vive en el norte del país respecto a aquellos imputados por tráfico de drogas que a su vez son víctimas de organizaciones criminales, siendo un fenómeno que no se ha abordado en el país.

A través de un estudio enfocado en casos de personas extranjeras que se encuentran privadas de libertad por un delito de tráfico. El académico e investigador, Roberto Dufraix, investigará el fenómeno de la trata de personas con fines criminales, esto por medio de un proyecto que es parte de las 18 iniciativas de la Universidad de Tarapacá que se adjudicaron el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).

Según explicó el profesional a cargo del proyecto, durante tres años, la investigación trabajará en las cárceles de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se buscarán casos de personas extranjeras que hayan sido detenidas por el delito de tráfico de drogas, esto con la finalidad de visibilizar situaciones de explotación criminal en las que la persona imputada también es una víctima del delito de otras personas u organizaciones criminales. “El involucramiento de la persona extranjera en un delito de tráfico de drogas es consecuencia directa de prácticas explotadoras típicas de la trata. A partir de ahí, la propuesta busca analizar los factores que inciden en la invisibilización del fenómeno y los efectos que produce en la persona afectada, especialmente a partir de la doble victimización que experimenta cuando es privada de libertad”, comentó.

Sistema penal

Además, el estudio buscará contribuir al desempeño de los operadores del sistema penal, entregando datos que sirvan para la persecución de las conductas relacionadas al tráfico de drogas y la trata, el diseño de estrategias de defensa, la administración penitenciaria, y el juzgamiento de los casos. “En la medida que se descubre este fenómeno no explorado en Chile, se entregan herramientas para no solo nutrir de información a los diversos reportes nacionales e internacionales que se hacen al respecto, sino también el nutrir de información necesaria a las agencias de control para el diseño de, por ejemplo, protocolos de actuación y prevención. Finalmente, el proyecto aspira a que el Estado de Chile pueda cumplir con sus compromisos que ha firmado en el ámbito internacional relativo a los casos de trabajo forzoso, en particular cuando el trabajo forzoso tiene por objetivo la comisión de conductas delictivas. El Estado firmó un tratado internacional que justamente busca el descubrir casos en los que el trabajo forzado tiene por objeto la comisión de conductas delictivas, es decir, si se obliga a una persona a cometer un delito de robo o tráfico, la víctima se ve coaccionada a cumplir este delito, resultando en una imputación penal en su contra, cuando en realidad, esa persona tiene características más de víctima que de ofensora”, explicó Dufraix.

La realidad de los imputados

Por su parte, Gabriel Carrión, defensor regional de la Región de Tarapacá de la Defensoría Penal Pública, explicó la situación que se da tanto en Tarapacá como en Arica y Parinacota respecto a aquellas personas detenidas por delitos de tráfico de drogas, “la cotidianeidad de la defensoría penal pública es que enfrentamos a personas generalmente vinculadas a grupos vulnerables, las que son detenidas porque se les encuentra en sus vestimentas, equipajes e incluso en el interior de sus propios cuerpos, sustancias controladas por la Ley de drogas, entonces, es muy difícil sostener que por iniciativa propia se involucran en el tráfico de drogas, sino que uno debe entender por el relato que ellos entregan, que hay un contacto previo que condiciona su bienestar a la colaboración de transportar estas sustancias para que participen en este ciclo del delito”, comentó.

Además, Carrión agregó que “la experiencia nos dice que un número no menor de personas detenidas están vinculadas previamente a grupos organizados que tienen por objetivo el materializar el ingreso de sustancias al territorio nacional. El desafío es que el Ministerio Público pueda investigar más allá de una persona transportando drogas; muchas veces por la falta de tiempo y medios, teniendo presente que esta es una investigación que requiere colaboración con nuestros países vecinos y del entorno sudamericano, no se trata a estas personas como víctimas del delito vinculado al uso de personas con fines criminales, sino que se tratan como simples burreros y se busca terminar la causa lo más rápido posible. La investigación de Roberto abre la ventana para que instituciones públicas como los tribunales de justicia o la propia Defensoría Penal Pública adecuen sus formas y especialicen su trabajo, focalizando la investigación no en el eslabón final de una cadena que tiene muchos eslabones antes y que controlan el objetivo de ingresar sustancias al territorio nacional”, concluyó.

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