Minagri posiciona a la Reserva Biósfera Lauca como promotor de desarrollo ecológico a nivel nacional

El proyecto que concretará este trabajo, a cargo de CONAF, fue presentado en Arica y Parinacota, con presencia del subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes y autoridades regionales. 

Implementar una Política Nacional de Reservas de Biósferas, como un modelo de gobernanza y gestión territorial, que garantice un desarrollo ecológico sostenible en nuestro país, es una de las misiones que se ha propuesto concretar en esta materia el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura.

La región que apostó por ser el modelo piloto para conseguir este objetivo es Arica y Parinacota y lo hará a través del posicionamiento de la Reserva Biósfera Lauca. De esa manera, se busca alinear esta zona protegida con las políticas de desarrollo rural, avanzar en los procesos de descentralización y acortar las brechas con el Área de Desarrollo Indígena Altoandina (ADI). 

La presentación de este proyecto, a cargo de CONAF, fue realizada en Arica, con presencia del subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes y autoridades regionales.  En la instancia, se relevó la importancia de asumir con innovación las solicitudes y demandas históricas de las comunidades indígenas de la región. También se puso énfasis en la gestión nacional de las diez Reservas de Biósferas que existen en el país–las que abarcan un total de 11,4 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 3 millones corresponden a áreas marinas–a través del Comité de ministros para la Sustentabilidad.

“Esta es una iniciativa muy importante que se enmarca en la protección del medio ambiente y que da cuenta del trabajo que viene desarrollando hace mucho tiempo CONAF, junto a la Seremi de Agricultura de Arica y Parinacota.  A través de estas acciones estamos protegiendo nuestro patrimonio cultural, enfatizando en la relación del ser humano con la tierra, los cultivos ancestrales, nuestra flora y fauna y el valor que le damos a todos estos elementos”, señaló el Subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes.

El proyecto también promoverá que los diez gobernadores regionales encabecen los Comité de Gestión de cada una de las reservas y contribuirá al diseño y desarrollo de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) del Ministerio del Medio Ambiente. También se aportará en la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y se solicitará a Hacienda la destinación de recursos que permitan la operación de las Reservas de Biósferas.

La directora de CONAF, en la región de Arica y Parinacota, Catherine Opazo Rivera, enfatizó en las labores que llevará a cabo este proyecto y sus beneficios para el territorio. “Este es un espacio que mezcla biodiversidad, historia ancestral, cultura y patrimonio y lo debemos cuidar de manera sostenible para que las próximas generaciones no sean dañadas por las inclemencias del cambio climático”, dijo. Y agregó que  “vamos a trabajar para posicionar la Reserva de la Biósfera Lauca como atractivo turístico con gobernanzas propias de las comunidades apoyadas por la gestión público-privada”.

La Reserva de Biósfera Lauca abarca zonas de precordillera y altiplano. Administrativamente pertenece a la comuna de Putre, en la provincia de Parinacota, y en 1981 fue declarado parte integrante de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera.

Durante el año pasado, en tanto, la Unesco anunció la ampliación de esta reserva a todo el territorio del Área de Desarrollo Indígena Altoandina (ADI) de Arica y Parinacota. De este modo, el territorio de la reserva pasó de tener 358 mil hectáreas a 1.026.547 hectáreas, abarcando las comunas de Putre, General Lagos y Camarones.

El proyecto de posicionamiento de la Reserva Biósfera Lauca también engloba el convenio que existe entre CONAF y CONADI, de $175 millones, para ejecutar acciones de restauración ecológica. Además, considera al proyecto Vicuña, ejecutado por la UNESCO, cuyo objetivo es garantizar la conservación de especies, mitigar conflictos entre ganaderos y fauna silvestre, mejorar la sensación de seguridad de la población y apoyar a las comunidades andinas en la generación de ingresos económicos complementarios.

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